LA NOTA CHAPINA

EE.UU. habría diseñado una estrategia para influir en la próxima designación del fiscal general de Guatemala

Washington intentaría sacar del camino de la reelección a la actual jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, por considerarla “corrupta”.

La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, habla con la prensa, el 17 de mayo de 2018Foto: Johan Ordonez / AFP

El Gobierno de EE.UU. habría diseñado una estrategia para influir en el proceso de elección al cargo de fiscal general de Guatemala, según reseña “un documento oficial interno de Washington” al que ha tenido acceso el diario mexicano La Jornada.

Según la información, la intención de la Administración de Joe Biden es evitar la reelección en el máximo cargo del Ministerio Público de la actual fiscal general, María Consuelo Porras, señalada por EE.UU. como “actor corrupto y antidemocrático” e incluida desde septiembre de 2021 en la llamada ‘Lista Engel’, presuntamente por obstaculizar la persecución penal en casos de corrupción y socavar los procesos de instituciones democráticas.

“El documento estadounidense, marcado de ‘sensible’, pero no secreto, con el título de ‘Plan de Participación sobre el Proceso de Selección de Procurador General de Guatemala’, aparentemente elaborado a finales del año pasado o principios de este (no está fechado), detalla una serie de acciones con el objetivo de evitar que Porras sea reelecta”, dice el artículo firmado por el corresponsal de La Jornada en EE.UU., David Brooks.

La estrategia de Washington incluiría “la coordinación de mensajes diplomáticos privados y públicos” para “influir” y “presionar” en la decisión que debe tomar el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en los próximos días de mayo, para que no le dé continuidad a Porras, quien rechaza las acusaciones de Washington y denuncia que son “totalmente falsas e infundadas” y de “acciones políticas, sesgadas e ideológicas”.

En un comunicado del secretario de Estado, Antony Blinken, se afirma que Porras habría ordenado a los fiscales de su país “que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas”. A la funcionaria le reprochan también el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y las expulsiones de otros inspectores. Cuando EE.UU. sancionó a Porras, incluyó también al secretario general del Ministerio Público guatemalteco, Ángel Pineda Ávila, supuestamente por interferir en las investigaciones en casos de corrupción.

La preocupación de EE.UU. toma en cuenta la postura del presidente Giammattei, quien insiste en que “la soberanía” de su país “será respetada” y que la decisión de EE.UU. de incorporar a la fiscal en la lista, donde también aparecen funcionarios de Honduras y de El Salvador penalizados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los EE.UU., vigente desde el 27 de diciembre de 2020, es una “falta de respeto”.

¿Qué plantea EE.UU.?

EE.UU., que también culpa a Porras de acabar con el trabajo que realizó durante 12 años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia que colaboraba con la oficina de la Fiscalía local, pronostica varios escenarios en torno a la elección del próximo fiscal.

Por ejemplo, si Giammattei elige a un funcionario “creíble”, EE.UU. ofrecería al Gobierno de Guatemala una serie de “incentivos”, como “mayor cooperación en esfuerzos antinarcóticos, seguridad de puntos y asistencia al Ministerio Público”.

Pero, “si el Gobierno guatemalteco no apoya y asegura un proceso de selección transparente y elige a un candidato sujeto a alegaciones creíbles de corrupción o que haya sido calificado por EE.UU. como un actor corrupto/no democrático, debemos dejar claro a Giammattei, que será imposible tener cooperación plena“, dice el texto, en el que se amenaza con imponer “más restricciones de visas contra integrantes del comité de selección y a otros que hayan subvertido el proceso”.

La estrategia también establece que universitarios y “organizaciones de la sociedad civil” deben articular esfuerzos y demandas, mediante “un plan concreto” para mostrar los supuestos “vínculo de los candidatos” e integrantes del comité de selección “con redes corruptas“. De igual forma, insta a que otros gobiernos y la “comunidad internacional” se pronuncien al respecto.

El documento indica que si Porras u otro funcionario que EE.UU. tacha como “corrupto” resulta electo, Washington divulgaría un mensaje expresando su preocupación y suspendería de manera permanente el apoyo al Ministerio Público. En cambio, si se designa a alguien “aceptable”, se enviaría una felicitación por el “proceso transparente”.

El documento revisado por La Jornada concluye que si Porras continúa en el puesto, la cooperación con la Fiscalía de Guatemala quedaría “reducida con una procuradora general y una presidencia envalentonada que han rechazado la abogacía de EE.UU. por un camino diferente”.

La “Lista del Zopilote” no es un discurso, es la advertencia de lo que está por venir, según analistas…¿Un plan para asesinar a los enemigos del Pacto de Corruptos, incluido William Pop?

Créditos: Gobierno.

Dos analistas políticos se refirieron a la amenaza que representa la “Lista del Zopilote”, el remedo a la Lista Engels, para “buscar justicia” en contra de los “enemigos de Guatemala”, de acuerdo a Alejandro Giammattei. Por ahora, operadores de justicia, abogados y activistas que han apoyado los casos anticorrupción de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), integrarían la lista.

Por Paolina Albani

El 11 de mayo, el presidente Alejandro Giammattei dio un discurso en una actividad pública en donde participaron los alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). En su mensaje, Giammattei se burló de la Lista Engels, que contiene los nombres de actores políticos que han incurrido en actos de corrupción y a los que Estados Unidos les ha negado el derecho a la visa, y retó a las autoridades de ese país diciendo que crearía una lista más importante llamada “El Zopilote”.

Con estas palabras, Guatemala, en estos momentos, es como una escena salida de una obra de ficción. Específicamente de la novela “Torotumbo”. Escrita en 1972 por el premio nobel guatemalteco a la literatura, Miguel Ángel Asturias, dijo a Prensa Comunitaria el abogado y analista político, Oswaldo Samayoa.

Torotumbo cuenta la historia de grupos reaccionarios que creaban listas de opositores a los que identificaban como comunistas, los entregaban a las autoridades y estos los desaparecían.

La novela está inspirada en hechos reales. En la época que Asturias escribió la historia iniciaba la persecución más cruenta en contra de quienes pensaban diferente, en
grupos paramilitares, con el entonces “Buitre justiciero”, ”el Jaguar justiciero” o “la Mano blanca”, enlistaban a sus enemigos que, posteriormente, eran asesinados o desaparecidos.

El anuncio de la Lista del Zopilote y de cómo el poder político elabora listas de sus “enemigos” es una práctica antigua que también la literatura de Asturias alcanzó a reflejar, dijo Samayoa.

“Esto significa que esta práctica es propia de los regímenes dictatoriales”, como los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera y de Jorge Ubico, señala el experto. Y estas prácticas surgen del “pensamiento de que debe de defenderse al Estado ante cualquier posible amenaza para desestabilizarlo”, agregó.

En la historia, los planes contrainsurgentes surgieron durante la Guerra Fría y Latinoamérica no tardó en implementarlos. Por ejemplo, en Suramérica, específicamente en Uruguay, Argentina y Perú aplicaron “el Plan Cóndor” (1968-1989) para torturar y desaparecer a personas.  En Guatemala, el caso más reciente ha sido el Diario Militar, en donde hay altos exoficiales del ejército, subalternos y expolicías, implicados en la desaparición de personas que pensaban distinto a ellos.

“Se crea un Diario Militar para llevar al día el etiquetamiento de personas y luego, su ejecución. Esa es la doctrina de seguridad nacional que se aplica en el país. Se supone que ya no existiría más después de la Firma de la Paz, cuando nos trasladamos a la doctrina de seguridad democrática, en donde te dejaban pensar libremente, criticar y oponerte al poder, pero donde se debía respetar al sistema de justicia y la independencia del poder Legislativo. Todo para garantizar sus derechos humanos”, indicó Samayoa.

Dentro de los Acuerdos de Paz existe el “compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos”, que señala que estos deben de desaparecer “porque son los que crean las listas. Fueron los que crearon el Diario Militar y que gozaban de impunidad durante el conflicto armado”, añadió.

Sin embargo, con la llegada de Oscar Berger a la Presidencia de la República, se creó el “Plan Gavilán”, que buscaba recapturar a los prisioneros fugados, pero cuando 19 reos de la Cárcel El Infiernito huyeron del penal fueron ejecutados extrajudicialmente por el gobierno. Estos hechos se habrían fraguado en complicidad con el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielman, Javier Figueroa, exsubdirector de la policía y Erwin Sperisen, exjefe de la policía.  Solo Sperisen fue condenado por ejecuciones extrajudiciales.

A decir de Samayoa, “El Plan Gavilán era propio de un cuerpo ilegal y clandestino”. “Cuando Giammattei fue director del Sistema Penitenciario, en 2006, implementó el Plan Pavo Real –junto a Vielman-, que buscaba recuperar el control de las cárceles-. Siete prisioneros, involucrados con el crimen organizado fueron víctimas de ejecución extrajudicial”, recordó.

Después de eso, Giammattei intentó refugiarse en el Embajada de Honduras, pero este país no le dio asilo y tuvo que enfrentar al sistema de justicia guatemalteco, aseguró el entrevistado quien negó que Giammattei haya querido quedarse a hacerle frente a las acusaciones en su contra.

“Se metió a la fuerza a la casa del embajador de Honduras. No sabían qué hacer con él, pero le pidieron que se retirara”, expresó.

Así que el anuncio de la Lista del Zopilote es nada más el anuncio de un plan como los dos anteriores, representado por un ave negra, que vuela por lo alto y que es un animal carroñero. Esta simbología en un contexto de persecución a operadores de justicia, abogados, fiscales, jueces, entre otros, no es algo para pasar por alto, refirió.

“-Los perseguidos- es gente que no le garantiza impunidad a posibles cuerpos clandestinos. Solo que esta vez no están operando para desaparecer a la gente, sino para procurarse corrupción y contratos que lesionan los intereses económicos del Estado”, advirtió Samayoa.

El jurista insistió en que el carácter autoritario de Giammattei, que recuerda mucho a los discursos de Cabrera y Ubico sobre el uso de la fuerza, que, además, busca operar planes de tipo contrainsurgente para atacar a las personas que no quieren permitir graves violaciones a los derechos humanos y que les permitan quedar impunes, es algo para no olvidar.

“Estamos ante un mensaje de regresión terrible, de autoritarismo, de intimidación a nuestros derechos en contra de quienes piensen diferente, como si se tratara del enemigo del Estado. Ningún ciudadano es enemigo de su propio Estado, debe tener la libertad de criticar y oponerse al poder. Lo que no puede hacer es cometer delitos”, dijo.

Esta represión que se enmarca en una lista hasta ahora desconocida, podría incluir a cualquier persona que le resulte incomoda al gobierno y, por qué no, personas que hayan respaldado las investigaciones de la FECI y la CICIG.

Hasta ahora, en redes sociales se ha publicado una lista -no oficial- de los “enemigos del Estado guatemalteco”, como Giammattei los llamó el 11 de mayo, en una reunión con los alcaldes de todo el país. Entre ellos hay jueces, abogados, activistas, y otros personajes de relevancia internacional como la congresista Norma Torres, Todd Robinson, exembajador de EE.UU. en Guatemala y el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

Lo cierto es que el Listado del Zopilote alude a las palabras de Allan Rodríguez, expresidente del Congreso, dadas el 14 de enero de 2021, cuando Giammattei presentaría su segundo informe presidencial.

A los enemigos de la democracia: no vamos a permitir, no vamos a descansar y vamos a defender con coraje y valentía la paz, la democracia, la estabilidad, las instituciones y el estado de derecho”.

Desafiar a los EE.UU.

Renzo Rosal, analista político independiente, también opinó sobre el tema y dice que el mensaje de Giammattei guarda varias connotaciones.

“Se trata de desafiar a las listas que maneja Estados Unidos, desafiar el Listado Engel, la aplicación de la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (una ley que permite al presidente de ese país sancionar de manera económica a cualquier persona que haya cometido delitos financieros) y entre otras”, indicó Rosal.

También es una advertencia para decir: “todo aquel que se mueva del metro cuadrado podría pasar a integrar esa u otras listas. El mensaje tiene un contenido de carácter autoritario. El listado es lo que ha tenido más resonancia por el tono amenazante a EE.UU. Es una muestra más de ese autoritarismo”, añadió.

Sin embargo, Rosal cree que el mensaje también fue utilizado para ganar adeptos dentro de los alcaldes, ya que los presidentes necesitan del apoyo de los gobiernos locales, y a ellos les gustan las figuras que tienen rasgos autoritarios, “que tengan los pantalones bien puestos y puedan desafiar”, concluyó.

FUENTE: RT Y PRENSA COMUNITARIA

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