LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: Contraloría: no hay evidencia sobre mantenimiento de radares del Ejército

Este es el resultado de una auditoría practicada entre enero y diciembre de 2018 sobre el sistema de radares contratado en 2012.

Las fuerzas antinarcóticas han localizado 16 aeronaves durante el primer semestre de este año.

Por: Ferdy Montepeque elPeriódicoLa Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró anomalías en la Dirección de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) sobre la contratación de dos empresas para mantenimiento del software y reparación de equipos de los Sistemas de Radar ARSR-10D3, adquiridos en 2012 para identificar el ingreso ilegal de aeronaves al país y combatir el narcotráfico. Según la auditoría de la CGC, el Ejército pagó Q2.3 millones por los servicios, de los cuales no hay evidencia de informes que detallen los trabajos realizados.

Ambos contratos fueron adjudicados en 2018 y ya fueron pagados a los proveedores, según consta en el documento de la Contraloría. El primero fue otorgado a la entidad Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción (Asesco) por un monto de Q1.4 millones por servicios de mantenimiento preventivo y reparación para los radares. Según los auditores de la CGC, la patente de comercio de Asesco no describe que esta se dedique al mantenimiento y reparación de radares.

La evaluación señala que, como efecto de la contratación, hay falta de certeza sobre la adquisición de servicios “lo cual pone en riesgo la garantía del equipo de radar”. Los integrantes de la Junta Licitadora respondieron que Asesco diseñó los trabajos de estructura para el montaje de los radares ubicados en Puerto San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal, y en el cerro Niktún, Petén. No obstante, la CGC confirmó el hallazgo y les impuso una sanción de Q26 mil 126 a cada uno.

El segundo evento corresponde a servicios de inspecciones de mantenimiento de software y hardware de los componentes informáticos de los Sistemas de Radar, el cual fue otorgado a la empresa Electro Data, S.A. por Q843 mil. En ambas fiscalizaciones, la Contraloría señaló que la garantía de los radares está en riesgo porque no se siguieron los procesos de contratación y que “no existe evidencia del informe” que debieron realizar las empresas para detallar los trabajos realizados.

El general de Brigada, Timo Hernández Duarte, autoridad superior de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), respondió a los auditores que no es competencia de la Dirección de Compras del MDN recibir, calificar y adjudicar los negocios, sino que esto es competencia de las juntas calificadoras.

Al consultar al vocero del Ejército, Óscar Pérez, sobre los informes que acrediten que los servicios fueron prestados, se limitó a indicar que los hallazgos no han sido confirmados, contrario a lo que señala la CGC.     Más ingresos de aeronaves

Una publicación de elPeriódico da cuenta que la Fiscalía Contra la Narcoactividad del Ministerio Público (MP) contabiliza 16 aeronaves que, entre enero y junio, ingresaron de manera ilegal a Guatemala y que fueron localizadas en pistas clandestinas en departamentos como Petén, Quiché, Izabal, Escuintla y Retalhuleu, los cuales también son identificados como corredores de droga.

El papel del Ejército ha sido cuestionado en la identificación de las “trazas” ilegales de aeronaves, como el hallazgo de una avioneta en el caserío Sepens de Sayaxché, Petén, el pasado 13 de abril. Dos informes de la Policía Nacional Civil (PNC), contienen declaraciones de pobladores que señalan a elementos castrenses de apropiarse de “paquetes cuadrados forrados con costales blancos” hallados en la avioneta.

Pérez declaró en mayo pasado que los soldados llegaron a Sepens a las 6:00 de la mañana del sábado 13 de abril, después de que el ingreso de la avioneta fue detectado por los radares entre 1:00 y 2:00 de la mañana. Pero en el informe, los vecinos señalan que los soldados del Ejército estaban esperando la avioneta desde las 22:00 horas del viernes.

Programa C4I
La adquisición de los radares ubicados en Escuintla, Izabal y Petén forma parte del Sistema de Comando, Control, Comunicación e Inteligencia (C4I) cuya finalidad es recolectar información para la protección de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén, sobre grupos del crimen organizado y narcotráfico. Los tres radares tuvieron un costo de Q255.4 millones, financiados con un préstamo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el cual fue liquidado en enero de 2017.

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